Las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de la organización Transparencia Internacional, en el cual, la región obtuvo un promedio de tan solo 42 sobre 100.

El IPC clasifica a 182 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público en una escala de cero, que significa «altamente corrupto», a 100 que se entiende como «muy transparente».

Los países con mejor puntuación en el informe en el continente amerciano, son Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68) que el documento señaló «Estas «se encuentran entre las democracias más sólidas de la región», aunque su crecimiento limitado y los retrocesos son preocupantes.

Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ser los tres países con peores puntuaciones de la región, marcados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas, y una corrupción arraigada.

Desde 2012, 12 de los 33 países han empeorado significativamente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han mejorado significativamente, lo que pone de manifiesto una década de esfuerzos estancados o revertidos.

De acuerdo al informe. años de inacción gubernamental han erosionado la democracia, facilitado el crimen organizado y perjudicado directamente a la ciudadanía al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.

Afirma que durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado se infiltre en la política en países como Colombia (37), México (27) y Brasil (35), afectando la vida de las personas.

Actualmente, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más sólidas de la región y con mejor desempeño en el IPC, sufren la violencia impulsada por la corrupción y el crimen organizado, mientras que países con instituciones fallidas y cooptadas, como Haití (16) y Nicaragua (14), continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales, señala el texto.

En Perú (30), la corrupción en los servicios públicos ha tenido graves consecuencias, incluyendo un escándalo en el que presuntos sobornos para eludir las inspecciones sanitarias, según se informa, condujo a la distribución de alimentos contaminados en escuelas públicas.

En Argentina (36), las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos para personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables.

En Venezuela (10), la baja puntuación del país refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas que han disparado la pobreza y la desnutrición, mientras millones de familias sobreviven con alimentos, agua y electricidad limitados.

La supervisión y la rendición de cuentas se están debilitando en varios países a medida que se contrae el espacio cívico.

En El Salvador (32), las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones gubernamentales. En Guyana (40), el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil también limitan la supervisión y la rendición de cuentas.

“Para mejorar la vida de las personas y fortalecer la resiliencia frente al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción. Esto implica proteger las libertades fundamentales, aplicar la ley mediante un poder judicial sólido e independiente, fortalecer la cooperación internacional en casos de corrupción y aumentar la transparencia en las contrataciones públicas”, consideró Luciana Torchiaro, Asesora Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional.

Cabe señalar que Estados Unidos (64) mantuvo su descenso hasta alcanzar su puntuación más baja histórica, si bien aún no se refleja el impacto total de los acontecimientos de 2025, acciones recientes, como la persecución de voces independientes y el debilitamiento de la independencia judicial, suscitan serias preocupaciones.

Más allá de las conclusiones del IPC, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (CFPA) indican tolerancia hacia las prácticas comerciales corruptas, mientras que los recortes a la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos globales contra la corrupción.

Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un deterioro de la transparencia y las libertades cívicas, con leyes que limitan el acceso de las ONG a la financiación y obstruyen sus operaciones, sumado a la intimidación y la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, lo que reduce la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir cuentas al gobierno.

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